Una estrategia común trata de frenar una delincuencia cada vez más global

El ciberdelincuente más buscado de la historia de España -según lo definieron los propios Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado-, el murciano Daniel M. V., cayó finalmente en Rumanía. Esta operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional ha vuelto a poner sobre la mesa esta semana un ejemplo más de los frutos que arroja la colaboración policial dentro de las fronteras europeas. Un mano a mano en el que incide la Estrategia de la Unión Europea (UE) contra la Delincuencia Organizada 2021-2025 y que resulta fundamental para plantar cara a una criminalidad cada vez más global y organizada.

La Región de Murcia viene haciendo frente desde hace años a un progresivo aumento de la criminalidad que se está dejando notar también a nivel nacional y que constituye uno de los campos de batalla de cara a las elecciones europeas del próximo domingo. 2023 cerró con una cifra de infracciones penales denunciadas en la Comunidad que superaba las 74.100, frente a las poco más de 57.100 que se registraron un lustro antes, en 2019.

Una parte importante de esta delincuencia se explica por la acción de las organizaciones criminales que eligen esta zona como escondrijo y centro de operaciones. El crimen organizado es una gran mancha que, aunque salpica a todos los puntos del país, lo hace con mayor incidencia en las principales ciudades y en algunas zonas de Andalucía y el Levante. Cada año los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad desarticulan en la Comunidad decena de grupos que buscan dinero fácil a través de los robos, el tráfico de drogas o el blanqueo de capitales, entre otros delitos.

A diferencia de lo que ocurre a escala nacional, donde los grupos de narcotraficantes son los más numerosos, en Murcia la mayoría de las bandas que se desarticulan se han especializado en los robos con fuerza, principalmente en casas o locales comerciales. A expensas de los asaltos, las dos actividades más frecuentes en la Región son el tráfico de cocaína y de hachís, a tenor de los resultados de los últimos estudios realizados sobre esta materia.

La Comisión Europea desplegó, el pasado octubre, la hoja de ruta de la UE para luchar contra esta delincuencia organizada con diecisiete acciones prioritarias. También estrechó la cooperación entre las autoridades policiales de los Estados miembros y con los países latinoamericanos. Una colaboración que, remarca uno de los responsables de la lucha contra el crimen organizado en el Cuerpo Nacional de Policía de Murcia -que prefiere mantenerse en el anonimato por motivos de seguridad-, es fundamental.

«Una de las características de las organizaciones criminales es la movilidad y hoy en día es tremendamente fácil y rápido desplazarse, tanto en un mismo país como entre los diferentes Estados», explica este profesional. «La información que se tenga de los integrantes de cualquier organización criminal en un país, sea porque proceden de ahí o porque han estado un tiempo residiendo y delinquiendo, va a ser siempre muy valiosa para la investigación y la fluidez de esa información es básica».

Este especialista subraya que el poder de esa información cobra especial sentido en zonas como la Región. «Es conocido que en el Levante, tanto por sus condiciones climatológicas como por el tipo de viviendas, zonas residenciales muy discretas, hay responsables de organizaciones que se asientan en esta zona». Subraya, no obstante, que a nivel europeo ya existe una coordinación que da sus frutos. «Lo más importante es la fluidez de la información y existen organismos como Interpol y Europol, que entre otras funciones, son la vía de conexión y comunicación de los diferentes países entre las oficinas nacionales correspondientes».

Gran parte de la delincuencia a la que la Región tiene que hacer frente, sin embargo, no se libra ya en las calles. Una parte cada vez mayor de la criminalidad con la que la Comunidad batalla se hace fuerte en internet. La cibercriminalidad es uno de los nuevos campos de batalla para la Policía Nacional y la Guardia Civil y su persecución no conoce de fronteras. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado registraron el pasado año la friolera de 13.696 denuncias en la Comunidad por ciberdelitos, según la estadística que el Ministerio del Interior puso encima de la mesa. La cifra, que refleja un aumento de hasta un 246,5% respecto a cinco años atrás, da cuenta del empuje de este nuevo tipo de delincuencia y de la necesidad de romper esquemas y cooperar entre países para poder hacerle frente.

«Estos ataques no son obra de simples delincuentes aislados, sino que forman parte de un plan orquestado por grupos de cibercrimen altamente organizados y profesionalizados, junto con actores estatales que patrocinan y dan cabida a dichas acciones delictivas y en algunos casos de ciberguerra», remarca el guardia civil Andrés Soriano, director del departamento de Ciberseguridad (CISO) de Universae.

Este profesional recalca que la Región también está en el punto de mira de estos grupos. Para ello recuerda el ciberataque de tipo ‘ransomware’ que Lockbit realizó en marzo al Ayuntamiento de Torre Pacheco con el cifrado de gran parte de la información del municipio. Un golpe que, incide, «culminó el pasado 23 de mayo con la difusión de 143 Gb de información y más de medio millón de archivos concernientes a la Administración, la Corporación local y sus habitantes». Para tratar de parar los pies a estos grupos, la comunidad internacional elaboró en el año 2001 el Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia, un tratado internacional que busca armonizar las leyes nacionales e internacionales y fomentar la cooperación. «Es imperativo que estas legislaciones con más de veinte años en vigor, y otras nuevas que están por venir -como la transposición de la directiva NIS2-, sean adecuadas, actualizadas y endurecidas a la problemática actual, obligando a gobiernos, administraciones y todo tipo de empresas a que adopten un enfoque proactivo hacia la ciberseguridad», subraya Soriano.

La lucha coordinada contra el negocio oculto del sexo es otro de los objetivos que la UE ha fijado en su estrategia contra la delincuencia organizada. Una batalla que en la Región no pasa desapercibida. Solo el pasado año los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado rescataron en la Comunidad a 59 víctimas de la trata y la explotación sexual, según los últimos datos que maneja el Ministerio del Interior. Murcia es, junto con Andalucía, la autonomía donde más casos de trata sexual se destapan y la cifra no ha dejado de crecer en el úl Nicolás Pascual de la Parte (Cieza, 1959) va, según las encuestas, en un puesto de salida (21) en la lista del PP a las europeas como candidato por la Región de Murcia. Diplomático de carrera desde 1987, ha sido embajador de España ante la OTAN; también en el Comité Político y de Seguridad de la Unión Europea; en la Misión Especial para Ciberseguridad y Amenazas Híbridas, del Ministerio de Exteriores; en Honduras; vocal asesor de los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy; secretario de la embajada de España en Irlanda y subdirector adjunto de Coordinación Comunitaria para Asuntos Técnicos y Asuntos Aduaneros y Comerciales de la UE. Muy alto de estatura (cerca de 1,90 metros) y de andar pausado, entra en política porque considera que en un momento de transición como éste, hay que comprometerse. -¿Por qué un diplomático de carrera acepta entrar en política? -Porque creo que la situación tanto en España como en Europa, nos exige a todos un compromiso mayor y un esfuerzo mayor. Por tanto, he dado un paso adelante para comprometerme más con mi país, España, y con mi región, con Murcia, en Europa, que es un sitio que conozco bien porque he estado trabajando en Bruselas durante 14 años. -No le vimos en Belluga subir con Feijóo a dar el mitin en el acto central de campaña. -Somos dos candidatos por Murcia en posiciones de salida: mi compañera Maravillas Abadía y yo, y como tenía que salir uno, lo hizo ella y lo hizo de maravilla y yo me sentí muy representado. -Durante la campaña electoral ha estado en todas partes… -Sí, desde luego. He conocido colectivos de personas que de otra forma quizás no habría tenido acceso directo a ellos, como son los pescadores, los agricultores, los regantes y, la verdad, la campaña electoral es un privilegio porque te permite estar en contacto con los problemas reales de la gente, con los problemas diarios, con las aspiraciones… Eso es muy reconfortante. La gente piensa que en Bruselas, en la UE, puede defender sus intereses y a eso, si soy elegido, me voy a dedicar en cuerpo y alma. -La pesca y la agricultura, que ha mencionado ahora, están muy volcadas con las europeas. -Hay algo que nos ha enseñado la crisis de la Covid-19 y después la guerra de Ucrania y es que el sector primario, la agricultura, la ganadería y la pesca, tienen una importancia estratégica. En Europa actualmente y en el mundo en general, existe una sensibilidad especial por reforzar el sector primario, la agricultura, la ganadería y la pesca, como insumos estratégicos fundamentales, vitales, para tener una autonomía estratégica y capacidad de autoabastecimiento. Yo creo que este es el momento para poner en valor el papel que tiene Murcia como despensa de frutas y hortalizas de Europa. -Los agricultores temen que les pase como a la industria textil, que se ha ido a terceros países.

En su caso, a Marruecos. -Los agricultores tienen mucha razón para quejarse y yo los he estado escuchando a lo largo de esta campaña y he tomado muy buena nota de sus aspiraciones y exigencias. En primer lugar, porque en frontera no se aplica a los productos de otros países, entre ellos, el que usted ha mencionado, los mismos requisitos fitosanitarios, de higiene, salubridad y de otro tipo que se exige a los productos de Murcia y de la Unión Europea. Aquí tenemos que ser rigurosos. Otra cosa sería injusticia e inequidad. En segundo lugar, tenemos que ser conscientes de que el sector primario exige unas necesidades para poder mantener los precios por encima de los costes y ahí tenemos que revisar de nuevo desde las políticas del precio del gasóleo y combustibles, hasta los precios de venta garantizados y ser capaces de suministrar algo que en Murcia es fundamental: caudal suficiente de agua, a través del Trasvase Tajo-Segura y de los otros sistemas de riego, en una región que es la que mejor gestiona el agua, no solamente en Europa sino en todo el mundo. -Habla de las cláusulas espejo. Usted fue responsable de Asuntos Aduaneros y Comerciales de la UE. ¿Por qué no se habló antes de esto que parece obvio? -Sí, hace muchos años. Efectivamente, hay muchos países de fuera de la UE que están aumentando sus exportaciones al mercado europeo. La situación hace 30 años era muy diferente. Ahora mismo tenemos una competencia muy fuerte con otros productores de la cuenca del Mediterráneo y allende que quieren vender sus productos en Europa y tienen derecho a hacerlo siempre y cuando se respeten las mismas condiciones que para los productos locales. En eso la Comisión y la Unión Europea tienen que ser rigurosos y exigentes para mantener la igualdad de trato. -¿Se compromete con los agricultores de la Región a exigir cláusulas espejo en Bruselas? -Sí. -Sobre infraestructuras, ahí está el carpetazo a El Gorguel. -Lo de El Gorguel creo que ha sido una cacicada monumental porque no se puede dar carpetazo a un proyecto tan fundamental para el desarrollo económico y social no solo de Cartagena y del Puerto de Cartagena sino de toda la Región de Murcia y de España. De hecho el Gobierno regional y su presidente ya se han comprometido a hacer todas las actuaciones a nivel político y legal en España y en Bruselas para que se reactive este proyecto del Puerto de El Gorguel porque yo creo que Cartagena y Murcia tienen derecho a un futuro y nadie tiene derecho a robárselo de una forma tan arbitraria. -En el caso del Corredor Mediterráneo, ¿peleará para que en 2030 sea una realidad? -Claro, ese es el tema. Tenemos que ser muy exigentes y muy rigurosos para que se cumplan los plazos establecidos. El Corredor va a vertebrar todo el Mediterráneo. Para la Región de Murcia tiene una importancia vital y yo haré todo lo posible para que se respeten los plazos y se asignen los recursos comprometidos para su desarrollo. -Se dijo en su momento que la UE no apoyaría un trasvase. ¿Aceptaría Bruselas una infraestructura de esta magnitud? -Bruselas lo primero que tiene que ver es que existe un compromiso nacional para regular el agua. Bruselas es sensible y llegarán subvenciones y recursos para el desarrollo de estos sistemas nacionales que exigen de todo un Plan Nacional Hidrológico, que regule las cuencas hidrográficas. Daremos la batalla para que esos recursos hídricos sean tenidos en cuenta, incluyendo los criterios con los que se asignan los fondos estructurales: el criterio de estrés hídrico.